¿Todo depende del cristal con que lo mires?

10 diciembre 2008

Esto es de locos. La misma nota desde dos ¿ángulos?

Primero, lo que apareció hoy en La República

LaRepública.pe

Captura: LaRepública.pe

Ahora, lo que apareció hoy en el diario La Primera.

diariolaprimeraperu.com

Captura: diariolaprimeraperu.com


Tras los petroaudios hay un debate postergado

10 noviembre 2008
La República)

Fernando Ampuero (Foto: La República)

Yo sé que el asunto pasa, ahora, por encontrar a Rómulo León y descubrir todos los detalles del faenón que armaron junto a Fortunanto Canaán. Pero, para la prensa, hay un debate postergado por la típica piconería periodística, que nos vuelve miopes ante una realidad que debe ser debatida: ¿es o no lícito difundir audios obtenidos de manera ilícita?. Yo, opino que el asunto debe ser conversado, desde la tranquilidad de lo que puede aportar una reflexión sincera, académica, legal y periodística. Felizmente, para todos, por fin se le ocurrió a alguien entrevistar a uno de los protagonistas de este debate. Fernando Ampuero era, hasta hace unos días, el jefe de la unidad de investogación de El Comercio. Él tuvo los audios mucho antes que los muchachos de Cuarto Poder y la dirección del periódico decidió no publicarlos. Ampuero concedió una entrevita a la revista Domingo del diario La República. Va todita, porque es necesario saber qué rayos piensa un importante actor de esta historia.

Entrevista | Fernando Ampuero. “Nuestra obligación era difundir los audios”
Por Ángel Páez
Foto: Rocío Orellana

–¿Por qué los “petroaudios” salieron primero en ‘Cuarto Poder’ si ustedes los tenían mucho antes?

–Porque la nueva dirección del diario El Comercio impidió la publicación, alegando que la difusión afectaría la gobernabilidad. Yo respondí que nosotros los periodistas somos personas que buscamos la verdad, nosotros no afectamos la gobernabilidad, los que afectan la gobernabilidad son los corruptos. Y la prueba es que el gobierno ha salido fortalecido y hasta el mismo presidente García ha dicho que en este caso el “chuponeo” ha sido beneficioso porque ha puesto en evidencia a los corruptos.

–Pero esa es una forma de justificar un acto ilícito. El ‘chuponeo’ es castigado por la ley y la ley no dice que el ‘chuponeo’ es bueno cuando expone la corrupción.

–Hay un ‘chuponeo’ ilegal que obra en beneficio del ciudadano y de la salud moral pública, y queda a criterio de los periodistas si publican o no la información obtenida mediante ese método. Durante una investigación uno debe buscar tanto en los altos salones de la política como en los bajos fondos. Y uno encuentra de todo. Ese es nuestro caso.

–Ricardo Uceda afirma que difundir audios obtenidos del ‘chuponeo’ no es periodismo de investigación.

–Si se refiere a limitarse a propalar un audio, sí. Pero en nuestro caso mandamos a hacer peritajes a los audios, verificamos todo lo que se tenía que verificar, hicimos una investigación que nos dio un sólido respaldo. Nuestro trabajo no se reducía a difundir grabaciones de ‘chuponeos’.

–Si bien el objetivo de los que financiaron los ‘petroaudios’ era exponer la corrupción, esa finalidad no justifica el espionaje telefónico que es una forma de crimen organizado.

–No lo justifica, pero sí justifica mi conducta periodística, porque estoy frente a un acto de corrupción. Esos señores lo que estaban haciendo no era tratar de tumbarse un gabinete o generar un problema político. Nuestra hipótesis es que se trataba de industriales peruanos avasallados por corruptos encaramados en el gobierno. Esa es la verdad de la milanesa.

–¿Está bien cometer un delito para revelar otro delito?

–Pero el periodista no es el que comete el delito. La obligación del periodista es difundir información de interés público. En este caso, además, los audios no se referían a asuntos íntimos o secretos de alcoba o temas de ese estilo. Estamos hablando de asuntos públicos. No hay una invasión de la privacidad. Había negociados y maniobras ocultas.

–¿Quién es más corrupto, el que está envuelto en los ‘petroaudios’ o el que graba ilegalmente?

–Creo que la grabación ilegal es un delito condenable, pero en este asunto hay prioridades y lo más importante es la corrupción, denunciar la corrupción y no denunciar al que hace la interceptación telefónica. En este caso, el periodista de investigación Pablo O’Brien hizo contacto con gente que le entregaba sobres cerrados, gente que no se sabe quiénes son, y que se manejaba con seudónimos, y nos entregaba el material porque sabía qué estábamos investigando.

LA PISTA AZTECA

–¿Los ‘petroaudios’ complementaban una investigación en curso?

–Así es. Estábamos metidos en un caso de ‘corrupción transparente’. Es decir, un caso en el que aparentemente se estaba cumpliendo escrupulosamente con la ley y en el que incluso habían intervenido los organismos fiscalizadores. Pero por debajo estaba la corrupción.

–¿Se trataba de la adjudicación de lotes petrolíferos a la noruega Discover?

–No. Empezamos haciendo un seguimiento a los mexicanos que llegaron a Perú con grandes inversiones, en particular en el rubro del cemento. Sabíamos que una cementera mexicana se había peleado con otra peruana asociada con norteamericanos de Arizona. Los mexicanos ofrecieron a la sociedad comprarles sus cementeras allá en Estados Unidos y los socios se negaron. Los mexicanos juraron vengarse diciendo: “Los vamos a quebrar en su país”. Y en efecto, los mexicanos llegaron el año pasado y en el gobierno comenzaron una serie de movidas al parecer en beneficio de estos. Empezamos a investigar y es así que nos encontramos con el dominicano Fortunato Canaán, quien aparece vinculado con los mexicanos. Y Canaán tenía contratado a Rómulo León. Los ‘petroaudios’ lo acreditan.

–¿Quienes interceptaron los teléfonos lo hicieron para protegerse de los mexicanos?

–Es una hipótesis. Los ‘petroaudios’ serían parte de un espionaje industrial. Digamos que querían pescar lenguado y cayeron en las redes tiburón, bonito, dorado y otras especies como petróleo, hospitales, Banco de México, etc. Y descubrieron que Rómulo León, el empleado de Canaán, era el que facilitaba el acceso al gobierno.

–Eso explica por qué el principal ‘chuponeado’ es León.

–Sí, porque era quien estaba articulando todo el abanico. Entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y ante la constatación de que los organismos anticorrupción no funcionaban para nada, formaron una suerte de liga de industriales que en defensa legítima obtuvieron con los audios pruebas de que estaban siendo víctimas de una conspiración. Pruebas de que la corrupción los estaba avasallando, bajo la apariencia de que todo lo que estaba ocurriendo era aparentemente legal. Estamos hablando de un caso de ‘chuponeo’ en defensa propia.

–Lo cierto es que quienes entregan los audios tienen un guión y ese guión no es necesariamente periodístico sino que responde a otros intereses.

–Por supuesto que tienen intereses políticos y económicos. Uno sabe que puede ser instrumento y juguete de estos intereses, pero uno debe desmarcarse haciendo un periodismo riguroso en busca de la verdad.

–¿Y buscar la verdad no incluía exponer a la organización de ‘chuponeadores’?

–La interceptación telefónica es ilegal y no recomendable, pero en algunos casos el periodista tiene legítimo derecho a tomar la información obtenida mediante esa vía y reservarse la fuente.

–De modo que el caso no se inició cuando les llegaron los ‘petroaudios’.

–No. Aparecieron cuando estábamos en plena investigación. ¿Por qué el caso revienta en otros medios del grupo y no en el propio El Comercio? Porque justo se produce un cambio societario y los nuevos directivos toman la decisión de no publicar.

–¿La fuente que filtró los audios a Rospigliosi es la misma que Ud. tenía?

–No, no tengo la menor idea. Nosotros pensamos que quienes están metidos en este asunto querían sacarlo de todas maneras. Repito, era gente avasallada por la corrupción.

–Coincidentemente los ‘petroaudios’ se difundieron poco antes de que Discover Petroleum suscribiera los contratos por los lotes que Perupetro le había adjudicado. ¿Ese era el objetivo de los que están detrás de los ‘petroaudios’? El negocio no era la adjudicación sino la suscripción de los contratos.

–No estoy tan seguro. Nosotros tenemos documentación donde está paso por paso lo que se pensaba hacer. Una carta de Canaán que explica la ruta crítica, las instrucciones que da en cada uno de los negocios, escritos a puño y letra del propio Canaán. Tomamos nota de esto y vimos que cantidad de esas cosas se cumplían, como las adjudicaciones a Discover. Eso nos dio confianza en nuestra investigación. Mientras que para todo el mundo se trataba de una adjudicación más, para nosotros significaba que los corruptos estaban teniendo éxito.

–¿Es cierto que cuando aparecen los audios en “Cuarto Poder” le atribuyen a Ud. haberlos entregado porque le negaron la publicación?

–Eso pensaron ellos porque con seis días de antelación nosotros presentamos a los nuevos directivos de El Comercio los audios que luego fueron difundidos en “Cuarto Poder”. Eso creyeron, pero no fue así, de ninguna manera.

–¿Es verdad que le piden pruebas para acceder a la publicación? ¿Las tenían?

–Las tenemos. Les dijimos que las pruebas están en nuestro poder. No podíamos hacer una denuncia sin tener todas las pruebas porque luego viene un juicio millonario y el diario pierde una fortuna. Recabamos las pruebas y se las presentamos y es ahí cuando vino la discusión. Esa es la razón por la que creyeron que lo que les hicimos escuchar se lo habíamos pasado al canal.

–Otro argumento para no publicar fue que la información amenazaba la gobernabilidad, sin embargo luego el mismo periódico difundió el contenido de otros ‘petroaudios’.

–Eso fue producto de una dura pelea. Cuando salieron los ‘petroaudios’ en “Cuarto Poder” la orden de la nueva dirección de El Comercio fue no publicar nada al día siguiente. Se produjeron muchas discusiones hasta que apareció el presidente García diciendo que metieran presos a todos los involucrados. Y al día siguiente nuestros titulares se parecían a los de El Peruano.

–En todo caso, haber guardado información sobre corrupción gubernamental era la amenaza real para la estabilidad de la democracia.

–En efecto. Cuando cambia el gabinete les digo: los ministros supuestamente implicados en el caso Discover ya han salido del gobierno, ya no hay amenaza a la gobernabilidad, ya no están en el gobierno, ya el propio presidente los ha sacado, ya podemos continuar, no hay ningún problema. Pero dijeron que no. Pararon todo y se armó el lío. La nueva dirección me comunica de la pérdida confianza y decide despedirme.

–Si en las grabaciones encontraba periodistas involucrados, ¿por tratarse de colegas habría decidido no publicar la información?

–Sí la hubiéramos publicado, y lo digo porque estábamos investigando a periodistas involucrados con la corrupción.

El Comercio y Perú.21

Después de Fernando Ampuero, siguió el despido de Pablo O’Brien, el reportero que estaba a cargo de la investigación de la mafia enquistada en el régimen aprista. La separación se produjo en medio de una lucha sobre el uso y veto de los “petroaudios”. Mientras el director de Peru.21, Augusto Álvarez Rodrich, justificaba la publicación del contenido de las grabaciones, El Comercio, del mismo grupo editorial, titulaba: “¡Que se sancione a corruptos y ‘chuponeadores’!”, lo que implicaba una condena explícita a los periodistas que difundieron los diálogos de Rómulo León Alegría y su pandilla.

Álvarez Rodrich se apoya en el propio manual interno sobre ética y calidad del grupo periodístico para argumentar que es legítimo publicar conversaciones privadas obtenidas ilícitamente, si el objetivo es exponer la corrupción. “No hay duda en condenar la intromisión en la privacidad a través del ‘chuponeo’ telefónico o de cualquier otra modalidad”, escribió el director de Perú.21: “Pero algunos casos son excepcionales y deben ser publicados a pesar de que la obtención de la información se haya realizado con un método ilegal”. Y añadió: “Nuestra conclusión sobre el ‘Petrogate’ es que debía publicarse por estas razones: 1. Una intensa verificación de los hechos concluyó que la información era verosímil. 2. No publicarla habría contribuido a que se consumara una ilegalidad en perjuicio de la sociedad. 3. Los temas revelados no eran de naturaleza íntima sino de interés público”. En El Comercio, la nueva dirección no comparte el mismo punto de vista de Álvarez.

“Tan grave como la corrupción es la grabación ilegal de conversaciones privadas”, editorializó el periódico: “Por eso llama la atención que algunas personas hayan restado importancia a este delito”. Y luego se añadió: “Sí apostamos por el periodismo de investigación cuando este trabaja sobre bases éticas que privilegian no solo los manuales de estilo sino también la Constitución y las leyes, y cuando la prensa no se deja manipular por argumentistas anónimos que tienen una agenda propia e intereses desconocidos”. Y sentenció: “Es tan delincuente y corrupto el que coimea para contratar con el Estado como el que tolera y hace eco cómplice de lo que alcanzan los mafiosos ‘chuponeadores’”.

El despido de Fernando Ampuero y Pablo O’Brien hace daño al bien llamado periodismo de investigación.